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Keiko Fujimori y el financiamiento de sus campañas de 2011 y 2016

Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú el 28 de julio de 2026, tras ganar la segunda vuelta con un margen de apenas 49,641 votos sobre Roberto Sánchez. Es su cuarto intento presidencial. Llega al cargo con 69 investigaciones fiscales registradas en su historial —51 archivadas, 18 en curso—, casi todas originadas en el «Caso Cócteles»: la investigación por financiamiento irregular de sus campañas de 2011 y 2016, que incluye aportes reconocidos de la constructora brasileña Odebrecht. Este expediente recorre los hallazgos documentados sobre su carrera política.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Financiación simulada mediante empresarios y la constructora Odebrecht (US$1 millón) disfrazada bajo la fachada de rifas y «cócteles» Aceptado parcialmente por los propios abogados de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Fondos ocultos que comprenden US$480,000 recaudados por José Chlimper Indagado por el Ministerio Público; carece de fallo definitivo
3 Prisión preventiva (2018-2019) Superior a 13 meses de privación de libertad fundamentada en el peligro de entorpecimiento probatorio Ratificado — medida judicial aplicada
4 Juicio oral (2024-2025) Se le imputaron los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración; el Ministerio Público solicitó una pena de 30 años y 10 meses Proceso llevado a cabo; sin sentencia absolutoria o condenatoria firme
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional dejó sin efecto el juicio oral debido a irregularidades procesales imputadas al Ministerio Público Ratificado — fallo del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de los delitos de lavado de activos y organización criminal vinculados a las contribuciones de los años 2011 y 2016 Ratificado — fallo del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) A raíz de la derrota en la segunda vuelta, promovió la tesis del «fraude electoral» y procuró la invalidación de sufragios Desestimada — tanto la OEA como la UE definieron el proceso electoral como transparente
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Integró a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré —quienes figuraban como investigados dentro del Caso Cócteles— dentro de un consejo consultivo presidencial Verificado por diversos medios periodísticos
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) Durante la Asamblea General criticó la persistencia de procesos judiciales contra militares por la lucha antiterrorista; la máxima autoridad del Poder Judicial refutó sus expresiones Ratificado — manifestación pública oficial

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

En septiembre de 2011 la ONPE registró que Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) declaró ingresos por poco más de S/17 millones para la campaña presidencial de ese año, con un alto volumen de transferencias sin origen identificado. El partido explicó parte de ese monto con dos eventos: un cóctel de diciembre de 2010 que habría recaudado unos US$119,750 y otro, del mismo mes, por unos US$90,000. La Fiscalía sostiene desde 2014 que esos cócteles y rifas no pudieron financiar una campaña de esa magnitud, y que detrás hubo una red de «aportantes simulados» o «pitufeo»: empresarios que prestaban su nombre para ocultar el origen real del dinero. El Comercio reportó que la propia defensa de Fuerza Popular reconoció en el juicio el uso de aportantes simulados, aunque negó que constituyera lavado de activos.

Entre los aportantes señalados figuran Dionisio Romero (Credicorp), con unos US$3.65 millones, y Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), según Resumen Latinoamericano. En febrero de 2019, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró ante fiscales peruanos que la constructora brasileña aportó US$1.2 millones a la campaña de 2011 a través de Jaime Yoshiyama, según RPP. La libreta de Marcelo Odebrecht, expuesta en 2017, incluía además una anotación sobre «aumentar Keiko», citada por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

Dicha pesquisa abarcó también la contienda presidencial de 2016, donde Fujimori cayó en la segunda vuelta ante Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia sumamente estrecha. Conforme a Resumen Latinoamericano, José Chlimper Ackerman, quien se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular en ese entonces, presuntamente recibió US$480,000 divididos en cinco partidas, cuyos fondos no lograron ser rastreados fehacientemente en cuanto a su paradero dentro de la carpeta fiscal. Hacia 2018, un informe elaborado por la Fiscalía de Lavado de Activos determinó que la agrupación política únicamente consiguió comprobar la procedencia del 33% de los recursos acumulados para ambas justas electorales.

De acuerdo con la reconstrucción que presenta El Comercio, el despacho del fiscal José Domingo Pérez argumenta que Keiko Fujimori y los líderes de Fuerza Popular recurrieron al procedimiento de los donantes ficticios durante el año 2016 con el fin de ocultar la procedencia del dinero. Asimismo, conforme a lo informado por Epicentro, la lista de convocados a testificar incluyó al antiguo parlamentario Rolando Reátegui, quien decidió acogerse a la colaboración eficaz y detalló de qué manera consiguió colaboradores falsos dentro del departamento de San Martín atendiendo a las solicitudes de la cúpula partidaria.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

A mediados de octubre de 2018, Fujimori sufrió una detención preliminar por un periodo de diez días a raíz de las pesquisas que la Fiscalía llevaba a cabo sobre un supuesto lavado de dinero relacionado con las rifas y eventos de Fuerza 2011, tal como informó RPP. Tiempo más tarde, el magistrado Richard Concepción Carhuancho avaló la solicitud del Ministerio Público para imponerle prisión preventiva bajo la premisa de un peligro de interferencia en las diligencias, lo que derivó en su reclusión en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por un lapso superior a los 13 meses, según consignó La República. Conforme a la hipótesis que manejaba entonces la fiscalía, la política se encargaba de dirigir, guiar y articular las operaciones de una red ilícita al interior de su agrupación partidaria. Dicha resolución judicial se examinó posteriormente, permitiendo que Fujimori abandonara la cárcel, si bien quedó sujeta a diversas limitaciones legales —tales como comparecencia con restricciones y prohibición de abandonar el territorio nacional— mientras el expediente seguía su curso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El juicio oral por el Caso Cócteles empezó el 1 de julio de 2024 contra Fujimori, su expareja Mark Vito Villanella y otras 44 personas, según Infobae. Se le acusó de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. La fase de control de acusación, previa al juicio oral, había durado un año y nueve meses bajo el juez Zúñiga, con un expediente fiscal de más de 13 mil páginas, de acuerdo con El Comercio, que además detalla que la Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para los exasesores Pier Figari y Ana Herz, y 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Según ese mismo expediente, un testigo protegido señaló que Figari y Herz recibían dinero de empresarios que no querían figurar en la lista oficial de aportantes de la campaña de 2011. La defensa de Fujimori, por su parte, sostuvo durante el proceso que la Fiscalía no lograría probar el delito de lavado de activos.

5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

El Tribunal Constitucional anuló en octubre de 2025 el proceso abierto en 2024, cuando el juicio oral aún no concluía. Para el TC, explica La Válvula, las sucesivas subsanaciones que la Fiscalía introdujo en su acusación lesionaron el debido proceso de los acusados. La resolución no entró a evaluar si hubo o no financiamiento irregular: se limitó a los defectos procesales atribuidos al Ministerio Público durante los años de instrucción.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

Durante enero de 2026, el Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de las acusaciones por blanqueo de capitales y organización criminal vinculadas a los fondos electorales de 2011 y 2016, de acuerdo con La Válvula. La base jurídica, detallada por El Comercio, radicó en que cuando ocurrieron los sucesos indagados (2011 y 2016), el financiamiento irregular de agrupaciones políticas carecía de tipificación como ilícito penal independiente —dicho marco legal se promulgó hasta 2019—, además de no haberse acreditado la conformación de una red criminal al interior de la tienda política. Dicho camino judicial ya había favorecido previamente a Pedro Pablo Kuczynski, cuya causa relacionada con los recursos de Odebrecht igualmente fue cerrada en 2026, generando la protesta abierta de Ollanta Humala, sentenciado por conductas equivalentes y quien continuaba privado de su libertad.

En la vía penal, al menos, con este archivo se cierra el frente judicial que marcó la carrera política de Fujimori durante más de diez años.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Tras perder el balotaje de 2021 frente a Pedro Castillo por un margen de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori no reconoció inicialmente el resultado, denunció un supuesto fraude y presentó cientos de solicitudes de nulidad de actas y votos, según Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó esas impugnaciones y proclamó ganador a Castillo el 19 de julio de 2021; recién entonces Fujimori anunció que acataría el resultado.

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, entre otras, calificaron los comicios de limpios y competitivos, según La Válvula. No se documentó irregularidad alguna capaz de sostener la tesis del fraude en la magnitud necesaria para cambiar el resultado.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

Tras asumir la presidencia, Keiko Fujimori designó el 16 de septiembre de 2026 a Arsenio Oré, José Chlimper Ackerman y Jaime Yoshiyama Tanaka dentro de una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, tal como informó La República. Por un lado, el Ministerio Público identificó a Yoshiyama como el receptor y encubridor de los fondos entregados por Odebrecht para la contienda electoral de 2011, según el testimonio de Jorge Barata. Por otro lado, Chlimper, quien ocupaba la secretaría general de la agrupación política en aquel periodo, afrontó pesquisas por los mismos ilícitos endilgados a Fujimori, tales como lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración. Vale destacar que los dos formaron parte del gabinete ministerial durante la administración de Alberto Fujimori.

Tras el archivo del caso a comienzos de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente imputaciones activas por Cócteles, si bien la designación revivió los cuestionamientos acerca de los nexos de la mandataria con el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

El 22 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Fujimori afirmó: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», según Infobae. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó «completamente» esas palabras, recordó que también hubo jueces asesinados en la lucha contra el terrorismo y que fueron jueces quienes condenaron a Abimael Guzmán.

Lejos de dar marcha atrás, Fujimori aseveró que no guardará silencio frente a «los errores del pasado», tal como informó Infobae. Dicho suceso dio inicio al primer choque abierto entre su administración y la máxima autoridad del Poder Judicial.

Apéndice: indagaciones abiertas sin imputación ni fallo

Dichas pesquisas continúan abiertas y todavía no se han traducido en cargos formales ni fallos judiciales. Se presentan únicamente a modo de antecedentes procesales y no como hechos probados. Tal como señala Gestión, a partir del momento en que asumió la jefatura del Estado, el artículo 117 de la Constitución restringe el progreso de los procesos judiciales en su contra mientras dure su gestión.

Indagación sobre las contribuciones de la campaña 2021

Una investigación preparatoria distinta quedó formalizada el 30 de septiembre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Comprende a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a Fuerza Popular como persona jurídica, a quienes la Fiscalía atribuye haber integrado una organización criminal para lavar activos con los aportes de la campaña de 2021, informó RPP. La investigación tiene un plazo de 36 meses y el juez Wilson Verástegui solo dictó comparecencia simple.

Conforme a lo publicado por Infobae, la investigación del Ministerio Público contempla aportaciones ficticias cuya procedencia no ha sido declarada, la utilización de S/1.6 millones de financiamiento público para actividades proselitistas y la suma de S/1,258,708 reunida entre el 9 y el 30 de julio de 2021 con el propósito de cuestionar la victoria de Pedro Castillo. Diversos contribuyentes negaron haber efectuado los donativos que se les endilgan. Hasta el momento, no existe ni acusación ni condena.

Caso Alas Peruanas

Dentro de una indagación paralela al Caso Cócteles, la Fiscalía señala a Fujimori y a su antiguo colaborador Pier Figari como supuestos autores de lavado de activos agravado, utilizando fondos que presuntamente habrían provenido de la Universidad Alas Peruanas y del grupo vinculado a su fundador, Fidel Ramírez, progenitor del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Conforme a lo reportado por La República, la hipótesis del Ministerio Público abarca S/210,000 obtenidos durante 2011, S/54,536 transcurridos entre 2014 y 2015, sumado a un par de cesiones inmobiliarias situadas en Lima.

El Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica el 30 de abril de 2025, no obstante, Gestión reportó con posterioridad que una sala de apelaciones revocó dicha inclusión y apartó a la organización política de la causa. Los procesos dirigidos contra los implicados particulares continúan vigentes y sin acusación fiscal.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

El 4 de febrero de 2026, semanas después de que se archivara el Caso Cócteles, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició una pesquisa contra Fujimori por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con Infobae. El centro de las indagaciones abarca los US$3.6 millones en metálico que Dionisio Romero le habría otorgado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011; el Ministerio Público señala que sus informes patrimoniales presentados en 2010 y 2011 en su calidad de congresista apenas sufrieron alteraciones a pesar de haber recibido dichos capitales.

A diferencia de la causa archivada, la cual se enfocó en el financiamiento de partidos, esta indagación analiza sus bienes personales. Dicho proceso fue catalogado como complejo y se le otorgó un periodo inicial de ocho meses. Hasta el momento, no existe ninguna imputación.

Fuentes consultadas