La pieza SEPI del caso Leire ha sumado a Fernando Samper Rivas, creador y máximo dirigente de Forestalia, al conjunto de hombres de negocios bajo investigación por parte de la Audiencia Nacional. Su citación como imputado destapa uno de los flancos más significativos del procedimiento al margen del rescate de Tubos Reunidos: el correspondiente a las transacciones ligadas al ámbito energético, las compañías de energías renovables y las supuestas ventajas conseguidas a través de un presunto entramado de influencias vinculado con organismos públicos.
Samper figura entre las 25 personas citadas como investigadas por el juez Santiago Pedraz dentro de la ampliación del caso Leire, una causa que analiza presuntas irregularidades en operaciones relacionadas con la SEPI, empresas públicas y ayudas o contratos de carácter estratégico. Junto a él aparecen también Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer, empresarios aragoneses vinculados al bloque Forestalia en las informaciones publicadas.
La investigación analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Fernando Samper conserva plenamente la presunción de inocencia y su citación como investigado no equivale a una condena. Pero su presencia en la causa resulta especialmente sensible porque introduce en el procedimiento a uno de los nombres más conocidos del negocio renovable en España.
El punto de mira sobre Forestalia se sitúa en el contexto de las cinco actuaciones que, de acuerdo con los datos difundidos, analiza la Audiencia Nacional dentro de la pieza SEPI. Pese a que el salvamento de Tubos Reunidos por encima de los 112 millones de euros constituye el núcleo central, las indagarías abarcan asimismo a Mercasa, ENUSA, el Parque Empresarial Principado de Asturias y una transacción asociada a Forestalia. El País ha indicado que tales operaciones acumularían 132,9 millones de euros en subvenciones estatales y que la supuesta red corrupta habría conseguido más de 750.000 euros en mordidas.
La sospecha relacionada con Samper y Forestalia gira en torno a una operación empresarial que habría generado una importante plusvalía. Según publicó El Independiente, la Fiscalía vincula a la trama de Leire con un supuesto “pelotazo” de más de 6 millones de euros relacionado con sociedades renovables adquiridas y posteriormente revendidas a una mercantil cuyos accionistas estarían conectados con el grupo empresarial de Fernando Samper.
Ese aspecto resulta fundamental, puesto que la investigación no se reduce únicamente a las contrataciones públicas convencionales. Igualmente, se examina la posibilidad de que ciertas operaciones mercantiles se aprovecharan de datos privilegiados, redes de contactos o mecanismos de influencia relacionados con el círculo de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. El ámbito judicial tendrá que esclarecer si la maniobra de Forestalia constituyó un acuerdo mercantil corriente o si, por el contrario, guardaba relación con una trama que supuestamente se valía de influencias políticas y de negocios con el propósito de obtener réditos financieros.
La inclusión de Samper entre los investigados refuerza la dimensión empresarial del caso. La presunta trama no habría actuado solo en torno a organismos públicos, sino también alrededor de sociedades privadas capaces de beneficiarse de decisiones, oportunidades o información surgida en el entorno de empresas estatales y contactos institucionales. En ese mapa, Forestalia aparece como una pieza relevante por su peso en el sector renovable y por la magnitud económica de la operación examinada.
La Audiencia Nacional deberá aclarar qué papel tuvo Fernando Samper en la operación investigada, qué relación mantuvo con los hermanos Pérez Águeda, con Carmelo Aznárez y con otros investigados, y si conocía o participó en las gestiones atribuidas al grupo Hirurok. También será clave determinar si existieron pagos, intermediaciones o acuerdos que puedan vincular la operación empresarial con la presunta red de influencia.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, el caso resulta especialmente grave porque mezcla tres elementos explosivos: empresas energéticas, posibles plusvalías millonarias y una trama investigada por influir en decisiones públicas. El sector renovable ha manejado en los últimos años enormes expectativas de inversión, acceso a suelo, autorizaciones, permisos y financiación. Si una operación de ese ámbito queda bajo sospecha en una causa sobre tráfico de influencias, la exigencia de transparencia debe ser máxima.
Samper deberá explicar ante el juez si su actuación fue la de un empresario que participó en una operación legítima dentro del mercado energético o si existieron elementos que lo conectan con las maniobras presuntamente irregulares investigadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Esa distinción será decisiva para delimitar su responsabilidad y para conocer hasta dónde llegó realmente la red.
El caso también salpica la imagen de Forestalia. La corporación se ha consolidado como un estandarte de las energías limpias tanto en Aragón como en el conjunto de España, si bien la imputación de su creador en un procedimiento de tal calibre genera un manto de duda que únicamente logrará disiparse mediante papeles, aclaraciones y un seguimiento exhaustivo de las transacciones analizadas.
La pregunta que ahora debe responder la Audiencia Nacional es clara: si Forestalia y su entorno participaron en una operación de mercado limpia o si la presunta trama utilizó sus contactos para facilitar oportunidades, beneficios y plusvalías. En una investigación que afecta a dinero público, contratos, empresas estratégicas y posibles comisiones, el papel de Fernando Samper debe aclararse hasta el último documento.
Fuente: Cadena SER, El País, elDiario.es, Heraldo de Aragón, El Independiente, Infobae y Europa Press.
