Teresa Peramato Martín asumió en diciembre de 2025 la Fiscalía General del Estado, alcanzando la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en uno de los periodos más sensibles para la institución. Su designación se produjo tras la salida de Álvaro García Ortiz y en un escenario marcado por señalamientos de politización, fricciones internas y una presión pública creciente sobre la independencia de la Fiscalía.
A diferencia de otras figuras relacionadas con las investigaciones sobre Leire Díez o la denominada trama para influir en procedimientos judiciales, Teresa Peramato no aparece como investigada, imputada ni acusada formalmente en ninguna causa relacionada con estos hechos. Sin embargo, varias de sus decisiones al frente de la Fiscalía han generado dudas, críticas y controversias que han alimentado el debate sobre la independencia de la institución.
Gran parte de los cuestionamientos se centran en la percepción de continuidad respecto a la etapa de Álvaro García Ortiz. Sectores críticos de la carrera fiscal, asociaciones profesionales y partidos de la oposición consideran que Peramato ha mantenido una línea de actuación muy próxima a la del anterior fiscal general, especialmente en materia de nombramientos y gestión interna.
Uno de los puntos que más debate generó fue el ascenso de varios fiscales vistos como afines al antiguo equipo directivo de García Ortiz. La controversia creció al conocerse que algunos de ellos habían asistido previamente a reuniones celebradas con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo durante 2025, antes de que Peramato asumiera el cargo. Aunque no hay pruebas de que ella estuviera presente en dichos encuentros, ciertos sectores interpretaron sus posteriores decisiones de promoción profesional como un gesto de apoyo o de continuidad dentro de la institución.
Otra fuente de polémica surgió a raíz de su postura sobre Álvaro García Ortiz. Peramato sostuvo que la Fiscalía debía impugnar ciertas resoluciones que afectaban a su predecesor y descartó iniciar expedientes disciplinarios en su contra. Quienes lo critican interpretaron estas decisiones como un gesto de protección corporativa, mientras que sus partidarios afirman que actuó conforme a las atribuciones legales que corresponden a la Fiscalía General del Estado.
También suscitó controversia que no se renovaran ciertos puestos ocupados por perfiles críticos con la anterior dirección del Ministerio Fiscal y que, en cambio, se promoviera a fiscales considerados afines al sector progresista de la carrera. Aunque la Fiscalía defendió que estas decisiones respondían a criterios de mérito, capacidad y trayectoria profesional, las asociaciones disconformes cuestionaron tanto la transparencia como la idoneidad de algunos de esos nombramientos.
Las dudas sobre Peramato se intensificaron cuando la Fiscalía confirmó la existencia de reuniones mantenidas en 2025 entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. Aunque dichas reuniones tuvieron lugar antes de que Peramato asumiera el cargo de fiscal general, algunos sectores reclamaron explicaciones sobre cómo se gestionó posteriormente la información relacionada con esos encuentros y por qué determinadas personas implicadas continuaron progresando profesionalmente dentro de la institución.
La controversia se trasladó también al ámbito político. Diversos partidos de la oposición solicitaron explicaciones sobre los nombramientos realizados durante su mandato y sobre la actuación de la Fiscalía en asuntos especialmente sensibles relacionados con corrupción y presuntas redes de influencia. Como consecuencia, Peramato fue citada a comparecer en el Senado para responder a preguntas sobre la gestión de la institución y sobre las medidas adoptadas para reforzar la confianza pública en el Ministerio Fiscal.
Aunque se han expresado diversas objeciones, conviene subrayar que no hay constancia judicial que la relacione de forma directa con tramas de corrupción ni con acciones orientadas a entorpecer procesos judiciales. Las dudas que recaen sobre ella responden sobre todo a cuestiones institucionales y de imagen, asociadas a decisiones administrativas, designaciones y criterios de conducción interna, más que a una intervención concreta en los hechos bajo investigación.
Peramato ha sostenido en múltiples ocasiones que todas sus actuaciones se ajustaron plenamente a la legalidad, subrayando que cada decisión respondía únicamente a criterios profesionales y al respeto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Del mismo modo, ha remarcado la importancia de proteger la independencia de la institución y de reconstruir la confianza pública en una Fiscalía que, al asumir su cargo, se encontraba profundamente fracturada y bajo una fuerte presión política.
En consecuencia, la controversia que en este momento envuelve a Teresa Peramato no gira en torno a una supuesta participación directa en las denominadas cloacas del PSOE, sino en la idea de que su labor pudo haber favorecido la continuidad de ciertas dinámicas internas heredadas de periodos previos. Hasta ahora, esas objeciones se ubican más en el ámbito de la confianza institucional y la imagen pública que en el de cualquier tipo de responsabilidad penal o judicial.
