Un juzgado ubicado en Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados una condena consistente en abonar más de 6,1 millones de dólares a la compañía del asesor político venezolano Juan José Rendón, derivado de una disputa por contrato. Asimismo, en abril de 2019, una magistrada decretó su arresto por desacato civil tras su incomparecencia ante la corte.
El conflicto judicial entre Roberto Arzú García-Granados y el consultor político Juan José Rendón, conocido como JJ Rendón, comenzó con una relación profesional vinculada a las aspiraciones presidenciales del político guatemalteco.
En febrero de 2016, Arzú inició conversaciones con Rendón y su firma de consultoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, para desarrollar una estrategia que impulsara su imagen de cara a una eventual candidatura presidencial.
Tras concluir el noviazgo en medio de un conflicto por el incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas, el caso escaló hasta los tribunales de Estados Unidos.
El acuerdo político que concluyó en una demanda millonaria
Según los papeles del litigio, el pacto incluía labores de consultoría estratégica e imagen política.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú ante una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
De acuerdo con registros difundidos por medios de comunicación en Guatemala, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta saldar cerca de 5,2 millones de dólares en el transcurso del año siguiente.
Conforme avanzaron las divergencias en torno a los abonos y las prestaciones acordadas, el vínculo entre el político y el asesor se fue deteriorando.
El 11 de octubre de 2018, el órgano judicial emitió un fallo que fijó una condena dineraria de US$5,5 millones, además de US$660.594,22 por concepto de réditos devengados, alcanzando una cifra global de US$6.160.594,22.
La sentencia judicial también contemplaba la acumulación de los intereses legales posteriores al fallo.
De esta manera, la disputa judicial pasó a ser uno de los pleitos económicos y legales de mayor relevancia pública en el transcurso de la campaña presidencial inicial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el cumplimiento del fallo.
Durante el mes de abril de 2019, la autoridad judicial citó al político para comparecer ante el tribunal y dar explicaciones acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los expedientes judiciales, Arzú faltó a la cita del 17 de abril, a pesar de que el tribunal había girado una instrucción al respecto el día 4 de aquel mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, emitió una orden de detención contra Roberto Arzú por desacato civil, ejecutable si era localizado dentro del estado de Florida.
La resolución estipulaba que, si se producía una detención, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en un plazo máximo de 24 horas con el fin de seguir el trámite pertinente.
Asimismo, se contemplaba la opción de que Arzú enmendara el desacato al presentarse a rendir una declaración con el fin de agilizar el cumplimiento del fallo.
Conviene señalar que dicho mandato surgió en el marco de un litigio civil derivado de un incumplimiento de contrato, y de ningún modo representaba una sanción penal por la comisión de un ilícito.
El documento judicial fue difundido públicamente en abril de 2019, cuando Arzú se encontraba en plena campaña presidencial por la coalición PAN-Podemos.
Roberto Arzú negó el incumplimiento y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el diferendo obedecía a móviles políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le habían notificado la citación para presentarse ante la corte de Miami, al tiempo que recalcó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó la existencia de un pacto contractual y señaló que Arzú había incumplido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La controversia también incluyó conversaciones privadas que posteriormente fueron divulgadas por medios de comunicación.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas por Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban arreglos financieros vinculados al pacto de consultoría electoral.
Durante dichos diálogos, dados a conocer en el marco de la documentación del juicio, ambos conservaban al principio un trato amable.
A pesar de ello, los textos evidenciaban un desgaste paulatino en la relación comercial, consecuencia de los obstáculos para materializar los abonos exigidos.
Las comunicaciones también evidenciaban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que intentaba destrabar las discrepancias financieras.
La publicación de estos intercambios añadió nuevos elementos a la controversia, especialmente porque el candidato había sostenido públicamente que nunca existió un contrato definitivo de prestación de servicios.
Una disputa legal que impactó en su estreno como aspirante a la presidencia
La disputa judicial entre Roberto Arzú y JJ Rendón cobró relevancia política al trascender a la luz pública durante la contienda electoral presidencial de 2019.
Tras formar parte de la alianza electoral junto a Podemos, el Partido de Avanzada Nacional (PAN) ratificó su apoyo al aspirante, subrayando que la controversia se circunscribía al ámbito de un proceso civil.
El litigio dejó al descubierto profundas discrepancias entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al propósito del pacto, las responsabilidades financieras y las prestaciones acordadas.
Los archivos de los tribunales en Florida recogieron tanto la resolución civil como el mandato de arresto subsecuente por desobediencia. Pese a esto, dichos expedientes resultan insuficientes para determinar por cuenta propia el desenlace del proceso de cobro o la situación de los compromisos financieros.
El episodio constituye uno de los principales antecedentes judiciales internacionales de Roberto Arzú y forma parte de las controversias que acompañaron su incursión en la política presidencial guatemalteca.
Orígenes
Fallo civil de Miami-Dade — Archivo disponible en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden por desacato civil — Documento alojado en Prensa Libre
Prensa Libre — Respuesta de Roberto Arzú al proceso en Miami
Prensa Libre — Comunicaciones compartidas por Roberto Arzú y JJ Rendón
