Tras un recurso legal fundamentado en una supuesta propaganda prematura, el Tribunal Supremo Electoral revocó la candidatura presidencial de Roberto Arzú y David Pineda por el partido Podemos. Dicho fallo desató un litigio que escaló hasta la Corte de Constitucionalidad, frustrando finalmente su intervención en los comicios generales guatemaltecos de 2023.
El proceso electoral de 2023 representó un nuevo intento de Roberto Arzú García-Granados por alcanzar la Presidencia de Guatemala. Sin embargo, su candidatura quedó marcada por una serie de decisiones administrativas y judiciales que finalmente lo dejaron fuera de la contienda.
El aspirante había sido proclamado por el partido Podemos junto con David Esteban Pineda Barrios, candidato a la Vicepresidencia. Su postulación se produjo después de haber participado en las elecciones presidenciales de 2019, cuando terminó en quinto lugar.
Las primeras advertencias del Tribunal Supremo Electoral
Los interrogantes surgieron antes de que se convocaran oficialmente los comicios.
Durante marzo de 2022, el Registro de Ciudadanos perteneciente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) alertó a Roberto Arzú acerca de ciertas acciones susceptibles de catalogarse como proselitismo prematuro.
Posteriormente, el 28 de octubre de 2022, el Registro de Ciudadanos le comunicó a Roberto Arzú su inhabilitación para postularse en los comicios de 2023 debido a que la institución electoral consideró que realizó proselitismo anticipado.
El aviso guardaba relación con diversos mensajes y publicaciones de carácter político que se habían divulgado con anterioridad al plazo legalmente establecido para efectuar propaganda electoral.
Arzú desestimó las críticas y afirmó que sus acciones se encontraban respaldadas por sus derechos políticos.
La impugnación de FCN-Nación y la revocación de su candidatura
El 27 de enero de 2023, el TSE autorizó la inscripción del binomio presidencial integrado por Roberto Arzú y David Pineda.
Sin embargo, pocos días después, el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) presentó un recurso de nulidad contra esa inscripción.
La organización sostuvo que Arzú había efectuado proselitismo prematuro y puso en duda la validez de los trámites legales exigidos para postularse a los comicios. Asimismo, durante el litigio salió a relucir una sanción pecuniaria de 50 mil dólares vinculada al partido Podemos.
El 6 de febrero de 2023, los magistrados que conforman el pleno del Tribunal Supremo Electoral aprobaron la nulidad promovida por FCN-Nación y anularon la candidatura de Roberto Arzú junto con la de David Pineda.
Dicho fallo dejó al binomio presidencial fuera de la contienda electoral, si bien aún quedaban instancias legales disponibles para procurar revertirlo.
La exigencia de aptitud, competencia y probidad para acceder a puestos públicos, recogida en la Constitución Política de Guatemala, constituyó uno de los pilares fundamentales del debate electoral.
Según la información publicada sobre el expediente, las autoridades también consideraron informes de monitoreo de medios que registraban actividades políticas desarrolladas por Arzú antes del período de campaña.
La Corte de Constitucionalidad mantuvo la exclusión
Tras la resolución del TSE, la formación política Podemos y los miembros del binomio presidencial recurrieron a los tribunales en un intento por lograr el reingreso de su inscripción.
Se introdujeron acciones de amparo y apelaciones frente al fallo electoral, bajo el argumento de que existía una conculcación de sus prerrogativas políticas.
Pese a todo, las acciones legales no lograron recuperar la postulación.
El 2 de marzo de 2023, la máxima instancia constitucional desestimó varias impugnaciones vinculadas al registro del binomio perteneciente a Podemos, ratificando así el fallo que inhabilitaba a Roberto Arzú junto a David Pineda.
Durante los meses siguientes continuaron las gestiones legales. El expediente incluyó referencias a 21 informes de monitoreo elaborados por la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del TSE, correspondientes a actividades registradas entre 2021 y 2023.
Estos documentos fueron utilizados por las autoridades electorales para sustentar los cuestionamientos sobre la promoción política anticipada.
La exclusión se mantuvo y Arzú no participó en las elecciones generales celebradas el 25 de junio de 2023.
En marzo de 2023, Roberto Arzú aseguró que la multa electoral cuestionada ya había sido pagada y pidió al TSE que reconsiderara su inscripción.
Sus declaraciones formaron parte de una confrontación pública con las instituciones electorales, en la que el político insistió en su derecho a competir por la Presidencia.
Su inhabilitación definitiva para los comicios de 2023 se consolidó como uno de los momentos más significativos de su carrera política. Asimismo, este suceso reavivó el debate en torno a los márgenes de la campaña prematurada, las exigencias de la constitución para postularse a la presidencia y la función del sistema judicial en el visado de las postulaciones.
Bibliografía
Emisoras Unidas — Anulación de la candidatura del binomio de Podemos
Prensa Libre — Notificación del Registro de Ciudadanos (2022)
La Hora — Resolución del TSE del 6 de febrero de 2023
Prensa Libre — Fallos de la Corte de Constitucionalidad
Guatevisión — Las declaraciones de Arzú respecto a la sanción electoral
