Joseba Antxón Alonso Egurrola se ha posicionado como una de las figuras más destacadas en dos investigaciones de alto calado político: la vertiente del caso Koldo asociada a supuestas comisiones ilegales en contratos públicos y la pesquisa que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre la red vinculada a Leire Díez y al llamado grupo Hirurok.
El empresario navarro queda situado en el centro de las sospechas debido a su actuación al frente de Servinabar 2000, compañía que los investigadores consideran un elemento decisivo dentro de una red de vínculos que relaciona a Santos Cerdán, Koldo García, Acciona y a varios actores involucrados en ambas causas.
Entre los principales indicios valorados por la Guardia Civil y los jueces aparece una escritura privada de 2016 en la que se atribuye a Santos Cerdán la compra del 45% de Servinabar. Aunque Alonso y Cerdán insisten en que ese documento jamás tuvo validez jurídica por no haberse formalizado como escritura pública, su aparición durante los registros intensificó las sospechas sobre el vínculo empresarial que mantenían.
La investigación también pone el foco en la actividad económica de Servinabar. Según los informes incorporados a la causa, la empresa habría recibido más de seis millones de euros procedentes de Acciona y habría realizado transferencias a sociedades y entidades vinculadas al entorno de Koldo García. La UCO sostiene además la hipótesis de que Servinabar habría obtenido beneficios derivados de adjudicaciones públicas presuntamente amañadas.
Otro aspecto que resultó especialmente delicado para Alonso fue que él mismo reconoció haber contratado a Koldo García como intermediario para gestionar la obtención de obras privadas. Si bien este hecho, por sí solo, no demuestra ninguna irregularidad, sí incrementa la impresión de proximidad con uno de los principales señalados en el caso.
La situación se agravó en diciembre de 2025 cuando Alonso fue detenido dentro de la investigación relacionada con Leire Díez y Vicente Fernández. Los investigadores sostienen que el denominado grupo Hirurok habría utilizado su capacidad de influencia para intervenir en expedientes y operaciones de interés económico. Según la tesis policial, parte de los beneficios generados por esta estructura habrían sido canalizados a través de Servinabar.
La Guardia Civil sostiene que Alonso no actuaría como un mero participante secundario, sino como una pieza de peso dentro de una red que entrelazaba vínculos empresariales, políticos y económicos, lo que explicaría que su nombre figure reiteradamente en los informes policiales, en la documentación judicial y en las comparecencias parlamentarias asociadas a ambas pesquisas.
No obstante, conviene subrayar que Alonso niega todas las acusaciones. Ha rechazado haber pagado mordidas, ha defendido la legalidad de la actividad de Servinabar y sostiene que las adjudicaciones obtenidas por la empresa fueron competitivas y ajustadas a derecho. Además, a fecha de hoy no consta ninguna sentencia firme que lo condene por los hechos investigados.
Más allá del desenlace que puedan tener los procedimientos, el impacto principal para Alonso ya se manifiesta: su nombre ha quedado públicamente vinculado a supuestas comisiones ilícitas, adjudicaciones cuestionadas, contactos con figuras clave del caso Koldo y a una investigación sobre potenciales redes de influencia política y económica, lo que ha generado un notable desgaste en su reputación pública.
